Un amplio espectro de organizaciones sociales, culturales, de trabajadores y de la comunicación construyeron la plataforma que sustenta este proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hará posible derogar, por fin, a 25 años de recuperada la democracia la anacrónica e ilegítima ley de la dictadura militar empeorada por la hegemonía neoliberal de los noventa.
Durante más de treinta años se produjo en nuestro país, como en toda América Latina un brutal proceso de concentración monopólica de los medios de comunicación que de la mano de la revolución tecnológico – comunicacional han alcanzado un poder nunca antes conocido en la historia. Ese poder se ha puesto al servicio de los intereses de los grandes grupos económicos, fijando agenda pública y haciendo que la defensa de esos intereses se convirtiera muchas veces en “sentido común”, transformando así la opinión publicada en supuesta “opinión pública”.
Un intenso y profundo debate se ha producido a lo largo y a lo ancho de país, no sólo promovido por la Secretaría de Medios sino por muy diversas entidades, entre ellas todas las universidades nacionales, sindicatos, centros culturales, bibliotecas populares, redes de comunicación alternativa, blogs, etc.
La sociedad civil avanzó un paso hacia la construcción de una democracia participativa, sin desvalorizar el papel de la legislatura como ámbito de sanción de normas de la República. Este proyecto, segura y deseablemente perfectible, llega a las cámaras dotado de una enorme densidad social producto de las múltiples voces que porta, tal como lo hiciera en su momento la Ley de Educación Nacional.
Como trabajadores/as de la educación queremos recuperar algunos aspectos del proyecto que valoramos especialmente:
· La posibilidad de que sectores sociales que no tienen normalmente acceso a los medios comerciales hagan oír su palabra, sus demandas, sus historias, sus tradiciones culturales en medios propios abre una instancia de democratización de la comunicación lo cual fortalece por añadidura la distribución del conocimiento. El acceso equitativo a las plataformas de transmisión disponibles para los medios de gestión privada sin fines de lucro va en este sentido.
· La creación de un órgano consultivo que haga el seguimiento de los contenidos dirigidos a la infancia y adolescencia y al mismo tiempo supervise que no se violen los tratados que protegen los derechos de niños y niñas y no se promuevan actitudes violentas, discriminatorias y autodestructivas, constituye un avance que también aporta a la generación de un clima propicio para la educación. El Consejo Audiovisual y de Infancia puede constituirse en el órgano que permita erradicar de la televisión la abierta promoción del sexismo, la violencia y el racismo hoy realmente existentes en muchos programas de ficción, entretenimientos, publicidades y aun noticieros. Será vital que se garantice la idoneidad y compromiso efectivo con la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia de los miembros que lo integren.
· En diferentes artículos se promueven dispositivos para avanzar en la alfabetización mediática; eliminar las brechas en el acceso al conocimiento y las nuevas tecnologías y promover la expresión del desarrollo cultural, educativo y social. Estos aspectos indudablemente son un aporte al fortalecimiento de la educación y deben operar como recursos a articular con la tarea de la escuela, incluyendo la formación docente continua.
· La ley introduce, en consonancia con la Ley de Educación, el contralor por parte de las autoridades educativas jurisdiccionales, las emisiones de educación a distancia, salvaguardando de esta manera los objetivos educacionales por sobre los objetivos comerciales.
· El texto de la norma recupera las cuestiones de principios irrenunciables, planteadas en el programa de veintiún puntos elaborado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Tales son: libertad de expresión, universalización, desconcentración, pluralidad, diversidad, protección de los bienes culturales, de los trabajadores y creadores, accesibilidad de la información para los ciudadanos. De este modo, comienza a darse cumplimiento con el inc. 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos. El mismo especifica: “dictar leyes que protejan identidad y pluralidad cultura, libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”.
· Protección de derechos: se protegen los derechos del niño/a incluyendo el contralor del trabajo infantil en publicidades y ficción. Se pauta el subtitulado oculto, el lenguaje de señas y la videodescripción para hacer accesible la comunicación a las personas con diferentes discapacidades. Los pueblos originarios tiene asegurado como sector acceso a las licencias.
La creación de la Defensoría del Público de servicios de comunicación será un instrumento de protección de derechos y verificación de cumplimiento de la norma, no sólo por parte de los privados con o sin fin de lucro, sino también del Estado.
Sin duda el texto puede y debe mejorar en el debate: en la composición de la autoridad de aplicación, ampliándola sin restarle capacidad de intervención en la regulación al estado; en la representación de los trabajadores que debe garantizar la presencia de todos los colectivos que intervienen en la actividad y la representación de las dos centrales. Sería importante además, el fortalecimiento de las cláusulas antimonopólicas ya existentes en el texto del proyecto, para evitar que se vuelvan a constituir monopolios. Sólo la fuerte presencia de la regulación estatal puede lograrlo, trátese de las empresas telefónicas o de cualquier otro sector empresarial.
Seria recomendable, por otra parte, una regulación que prevenga la posible contaminación por radiaciones electromagnéticas que implica el desarrollo de las transmisiones audiovisuales.
Como en otros casos, tan solo la ley no garantiza la transformación, es preciso acompañarla con políticas publicas que hagan realidad efectiva su articulado. Particularmente deberán generarse políticas que promuevan y financien la posibilidad de que colectivos de ciudadanos que carecen de recursos económicos puedan tener sus propios medio s de comunicación, a través de financiamiento, créditos blandos para equipos, formación, etc. será fundamental articular universidades, municipios, organizaciones sociales de todo tipo, en una sinergia que haga posible el pleno y universal ejercicio del derecho a la expresión y a la comunicación.
Apoyamos en general esta ley además, porque nuestra organización ha sido participe directa de los debates en todas las provincias, en los mas diversos foros y encuentros que acompañamos con materiales de difusión de los veintiún puntos que hoy vemos plasmados en la propuesta de ley de servicios de comunicación de servicios audiovisual que derogará la ley de la dictadura militar.
STELLA MALDONADO
Secretaria General
CTERA
