Desde la CTA Matanza queremos expresar nuestra solidaridad
con la familia de Luciano Arruga ante el atentado recibido el 7 de junio
pasado, en donde fue incendiado el vehículo de Vanesa Orieta, hermana de
Luciano.
Este deleznable y cobarde
acto de amedrentamiento no hace más que reafirmar la existencia de un cuerpo
policial bonaerense anacrónico a los tiempos en que vivimos, el cual debe ser
desterrado de nuestra sociedad. No podemos permitir que, resabios del oscuro
pasado de la Argentina, sigan conviviendo entre nosotros.
Desde la CTA
Matanza brindamos nuestro incondicional apoyo a la familia de Luciano Arruga, y
exigimos el cese de las amenazas a familiares y amigos de Luciano.
A continuación
difundimos el comunicado de la familia Arruga:
22 de junio de 2015
Somos una familia que lucha por la justicia para Luciano
Arruga y todos los jóvenes que la policía secuestra, tortura, mata y
desaparece, y esos años nos han permitido dimensionar los alcances de esta
mafia estatal organizada y protegida por los poderes más grandes. Nosotros
sabemos a qué nos enfrentamos, y cada día lo sabemos más. Empezamos a buscar a
Luciano con la certeza de que fueron ellos y con la seguridad de que iba a ser
muy difícil: ellos lo asesinaron y desaparecieron, pero un sistema organizado
los protege desde todos los frentes. El peligro que corremos se convirtió en
cotidiano, y también las amenazas a nuestra integridad. Estamos una vez más en
la penosa situación de tener que volver a denunciar que todas nuestras vidas
corren peligro. El hostigamiento no se detiene. El 7 de junio amaneció
incendiado el auto de Vanesa Orieta, la hermana de Luciano.
Desde el comienzo:
En febrero de 2009, cuando Vanesa y su amiga fueron al
destacamento de Lomas del Mirador a exigir información sobre el paradero de
Luciano, el policía que las atendió apoyó un arma arriba de la mesa. Se
hicieron costumbre los amedrentamientos a toda la militancia que sostenía la
causa: autos de civil, patrulleros, personas desconocidas que caminaban cuadras
detrás de nosotros y llamadas telefónicas con amenazas de muerte explícitas.
“¿Tu hija está bien?”, le preguntó un hombre desde un
auto de último modelo a Mónica Alegre cuando cruzaba la calle para ir a hacer
compras a pocos meses sin Luciano.
Vanesa Orieta fue recibida por la fiscal Roxana Castelli
–primera a cargo de la causa- en presencia de uno de los ocho policías
implicados en la desaparición de Luciano.
Un testigo que declaró haber estado detenido con Luciano
en la Comisaría 8º fue amenazado por personal del Servicio Penitenciario cuando
iba al baño en la fiscalía en la que prestó testimonio: “no hablés porque te
vamos a matar”.
A mediados de 2009, una integrante de Familiares y amigos
de Luciano Arruga fue detenida ilegalmente durante horas en la Comisaría 13º de
La Tablada, donde fue víctima de torturas y abusos.
En abril de 2011, Mónica Alegre –mamá de Luciano- y sus
dos hijos se despertaron a las seis de la mañana con la casa llena de humo.
Tardaron en comprender lo sucedido: alguien les había metido una madera en
brasa adentro de una pila de frazadas junto a la ventana. Les querían prender
fuego la casa. Esa misma semana, un compañero recibió en su casa a un
patrullero del que bajó uno de los ocho implicados en el secuestro de Luciano:
“desaparecé porque te vamos a matar”. Fue interceptado, a los pocos días, por
un móvil de la comisaría de Lomas del Millón cuando repartía cuadernos en el
barrio 12 de Octubre. Un efectivo le preguntó nombre, documento, domicilio e
intentaron subirlo a la fuerza. Nuestro compañero se negó y por eso el policía
lo empujó violentamente contra el vehículo y cargó su arma a la vista de todo
el barrio. La impunidad siguió: como él no fue llevado gracias a la
intervención de varios vecinos, después fueron amedrentados aquellos que lo
defendieron. En esos meses pudimos saber a ciencia cierta que en comisarías del
Conurbano bonaerense se guardan fotos de familiares y allegados a la familia de
Luciano, e incluso se les pide información sobre nosotros a jóvenes del barrio
privados de su libertad.
En agosto de 2012, el hermano menor de Luciano, con 16
años, fue interceptado y amenazado en la calle por un policía de civil y un
uniformado –ambos sin identificación- que circulaban en un auto sin patente y
lo venían siguiendo.
En enero de 2013 alrededor de las 12 de la noche, a días
de cumplirse cuatro años sin Luciano, después de una reunión en la casa de un
integrante del grupo, un compañero fue secuestrado por una camioneta en la
parada del colectivo y paseado por una decena de barrios del Conurbano. No le
robaron y lo largaron después de horas en la casa de la reunión, a cuadras del
punto de partida. Durante el viaje lo amenazaron de muerte todo el tiempo, lo
tabicaron en su propia casa para registrarla y llamaron a otros integrantes del
grupo sin dejar en claro nunca qué querían.
En septiembre de 2014 dos testigos de la causa por la
desaparición forzada fueron detenidos ilegalmente por personal del destacamento
de Lomas del Mirador, el mismo que mató a Luciano. Los policías intentaron
requisarlos contra la pared sin identificarse ni justificarse, uno de los
jóvenes se defendió y entró a su casa, pero lo siguieron y le dieron una
golpiza que le abrió la cabeza. Terminaron en la Comisaría 8º, responsable del
destacamento, hasta que la familia de Luciano con sus abogados los fue a
buscar.
A menos de una semana del hallazgo del cuerpo de Luciano,
una patota intentó prender fuego el local de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos de La Matanza.
Ahora, a días de la primera condena por Torturas en
democracia a un policía bonaerense en la Provincia, en el contexto de la
campaña-fiesta electoral del máximo responsable de la desaparición de Luciano y
luchando por la implementación de la ley que ganamos en la calle por la
expropiación definitiva del ex destacamento de Lomas del Mirador para crear un
Espacio para la Memoria independiente, en el marco de estos sucesos es que nos
despertamos la mañana del 7 de junio con la noticia de que habían incendiado el
auto (un Regatta) de nuestra compañera Vanesa.
A todos los funcionarios del poder ejecutivo que nos
recibieron en estos seis años y medio les expresamos lo mismo: necesitamos
protección. Nos negamos a cambiar nuestra identidad y mudarnos a pueblos
recónditos para que el Estado se haga cargo de que nuestra vida corre peligro.
Nos negamos a aceptar la custodia de las fuerzas de seguridad: ellas son las
que nos persiguen. Nosotros queremos seguir luchando. Integrantes del
ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación fueron claros: “la
seguridad se negocia”. No vamos a negociar la seguridad, porque no negociamos a
Luciano, ni a su memoria, ni a su historia, ni a la lucha, ni a ningún pibe.
Exigimos la seguridad para toda la familia y los amigos de Luciano Arruga. La
situación es insostenible, corremos peligro real: responsabilizamos al gobierno
nacional y de la provincia de Buenos Aires por los ataques a nuestra integridad
y nuestra lucha.
Familiares
y amigos de Luciano Arruga
MESA
EJECUTIVA
CTA LA
MATANZA
