Con el decreto 721/16, las decisiones sobre las conducciones de cada una de las Fuerzas Armadas, pases y destinos y la contratación de personal docente quedan, entre muchas otras, en manos militares.
Nos oponemos a este decreto porque:
- Le quita al Ministro la facultad de disponer los cambios de destino, otorgando esta facultad a los Jefes. Hasta ahora los Jefes sólo podían disponer los cambios de destino del personal subalterno y del superior hasta el grado de teniente coronel o equivalente en la Armada y la Fuerza Aérea.
- Respecto a las designaciones del personal militar, limita la facultad del Ministro a la "conducción superior" de la Fuerzas (que el decreto no define).El decreto anterior 436/84 establecía que el ministro podía realizar designaciones a partir del grado de coronel o equivalente (más amplio que conducción superior, ya que un coronel puedo no ser designado en la conducción superior). Hasta ahora los Jefes sólo podían disponer los nombramientos del personal subalterno y del superior hasta el grado de teniente coronel o equivalente.
- En materia de educación se transfirieron facultades del Ministro a los Jefes como designar al personal militar retirado en funciones docentes.
- Las designaciones realizadas por el ministro son controladas por las distintas áreas de la cartera, Derechos Humanos, Transparencia Institucional, por lo cual al limitar esa facultad se evita el control de los antecedentes del personal militar.
- Una de las resoluciones de la ex ministra Nilda Garré que más había avanzado sobre el control civil de los mandos fue la 1319 de noviembre de 2008 que en el marco del decreto de Alfonsín, ahora derogado, establecía que los jefes militares "deberán elevar a consideración del Ministerio de Defensa la nómina del personal militar a partir del grado de coronel o equivalente con las designaciones o cambios de destinos propuestos". El decreto firmado ahora por Macri y Martínez implica la derogación de hecho de esa resolución que ponía en boca del ministro de Defensa la última palabra y tanta resistencia había provocado entre los oficiales.
Desde la CTA provincia de Buenos Aires nos preguntamos quién va a ejercer el control civil sobre nuestras Fuerzas Armadas y cuál es el criterio para este cambio que ha sido una política de Estado en nuestro país. No entendemos estas decisiones intempestivas que generan incertidumbre y exigimos que se lleve atras el decreto que a todas luces es un error.
CTA
BS AS
