El presidente Evo Morales aprovechó el 1º de mayo para anunciar la “nacionalización” de una empresa de servicios públicos. Otra vez le tocó a una transnacional de España, la transportadora de energía eléctrica REE, que deberá abandonar sus negocios en Bolivia a cambio de la correspondiente compensación. El argumento central para tomar esa decisión fue el escaso nivel de inversiones concretado por la compañía, de sólo cinco millones de dólares al año durante 16 años. El gobierno de Mariano Rajoy tuvo una respuesta menos indignada que en el caso de YPF, aunque reclamó una ley de protección para inversiones extranjeras en el país.
“Para aclarar ante la opinión pública nacional e internacional: estamos nacionalizando una empresa que antes era nuestra”, dijo Morales en La Paz. La Transportadora de Electricidad (TDE), privatizada en 1997, atiende al 85 por ciento del mercado nacional y posee el 73 por ciento de las líneas de transmisión en Bolivia. En 2002 pasó a manos del grupo Red Eléctrica de España (REE), que controlaba hasta ayer el 99,94 por ciento de su capital. El 0,06 por ciento restante está en manos de los trabajadores de la empresa, cuya continuidad laboral fue asegurada en el decreto de expropiación.
“Nosotros invertimos 220 millones de dólares en generación y otros se aprovechan. Por eso, hermanos y hermanas, hemos decidido nacionalizar la transportadora de electricidad”, dijo el presidente y mandó a las fuerzas armadas a custodiar la sede de la empresa en la ciudad de Cochabamba y sus 22 subestaciones en el país.
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