La CTA bonaerense presentará un proyecto para que el Estado provincial tenga más control sobre el juego de azar con el incremento de la alícuota que pagan las salas de juego y el control de las apuestas on line, entre otras medidas.
La Central de los Trabajadores de la Argentina de la provincia de Buenos Aires le presentará al gobernador Daniel Scioli un minucioso proyecto para que el estado provincial tenga una mayor incidencia en el juego de azar, los bingos, casinos, el juego virtual y las máquinas electrónicas que funcionan en el territorio bonaerense.
En ese contexto, Roberto Baradel, secretario general de la CTA bonaerense adelantó: “en primer lugar le vamos a pedir una reunión al gobernador Scioli para informarle sobre el proyecto y luego vamos a reunirnos con los presidente de los bloque de la Cámara de diputados y senadores para que el proyecto cuente con el aval de todos los sectores”.
El proyecto apunta a que el Estado bonaerense tenga un mayor control sobre las utilidades y la fiscalización del juego y además cambiar la ecuación de rentabilidad que en la actualidad perjudica al estado provincial.
En efecto, el sector privado que maneja los bingos y las salas de azar (casinos) se queda con el 70% de las utilidades y el resto va al Estado, es decir apenas el 30%. El objetivo de la CTA es dar vuelta la ecuación y que el Estado provincial obtenga la mayor rentabilidad.
Pero además, el proyecto apunta a que el Estado tenga el contralor de las salas de azar, bingos, juego on line, casinos, paginas web (juego virtual) y juego telefónico ya que en la actualidad los únicos datos que se manejan son proporcionados por Boltd, única empresa que tiene el sistema online conectado al juego en general.
Además, existe una relación de competencia desleal entre el Estado y el privado ya que los bingos que son privados pueden ser trasladados dentro de la provincial, en cambio los casinos que son estatales no pueden hacerlo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
Ante la consulta sobre los motivos de ese proyecto, Baradel señaló que “es un paso importante para avanzar en una reforma tributaria integral en la provincia que permita una mayor distribución de la riqueza y que esta sea manejada por el estado y no por privados”.
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