“El asesinato de Cristian se ha producido por el saqueo y al avasallamiento de nuestro territorio”.Ante el asesinato del joven Cristian Ferreyra, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE- Vía Campesina), la CTA junto a otras organizaciones brindaron una conferencia de prensa esta mañana.
Allí estuvieron presentes dirigentes de la CTA, del MOCASE y varias organizaciones sociales y sindicales. Se anunció la entrega de un petitorio en el Congreso Nacional, en demanda de una pronta discusión de una Ley de Tierras contra los desalojos y de la creación de una comisión legislativa, con representantes de los movimientos, que ponga fin a este tipo de ataques que afectan a los militantes campesinos.
El primero en tomar la palabra fue el secretario de la CTA Hugo Yasky, quien dijo: “todo el espacio de organizaciones políticas y sociales de las Centrales Sindicales que constituimos, hoy quiere expresar su solidaridad y apoyo a la lucha de los compañeros del MOCASE, en repudio al asesinato del compañero Cristian Ferreyra. Y la decisión de avanzar acompañando la lucha del movimiento campesino y sus distintas expresiones, reclamando la sanción de las leyes que hacen faltan para terminar con la extranjerización de la tierra, con los desalojos de los pequeños campesinos, con las atrocidades que viven nuestros compañeros y compañeras de los pueblos originarios y con la prepotencia y la violencia de los sectores empresarios que hoy son los responsables directos de estas injusticias y atropellos”.
Al respecto, Yasky anunció también una convocatoria para el próximo viernes 25, a las 15 horas, frente al Congreso de la Nación: “Vamos a acompañar el reclamo del MOCASE, para que se sancionen dos leyes, una contra los desalojos y por la función social de la tierra. Y otra, urgente, para frenar la extranjerización de la tierra y así empezar un debate profundo, para resolver el tema de la tierra, de la soberanía alimentaria y de la vivienda en la Argentina”.
En ese sentido, el dirigente de la CTA afirmó que allí se va a solicitar la creación de “una delegación conformada por legisladores, miembros de las organizaciones sociales, de las organizaciones de los trabajadores y de las centrales, que vaya a Santiago del Estero a reunirse con las autoridades tanto políticas como judiciales”, como así también anunció que el día viernes se realizará en Monte Quemado, Santiago del Estero, una marcha a la que asistirán los movimientos presentes en la conferencia.
Por el MOCASE, tomaron la palabra sus militantes Adolfo Farías, Ramiro Fresneda y Cristina Loaiza, quienes coincidieron en que el asesinato de Ferreyra, militante de un movimiento que lleva 21 años de resistencia, defendiendo la tierra y la dignidad campesina e indígena, frente al agronegocio, en una lucha por los bienes naturales, es un duro golpe para el colectivo.
En relación al asesinato en sí, Farías señaló: “hoy tenemos a Cristian muerto, pero debemos mencionar que en esa comunidad han sido tres los compañeros asesinados y se ha conocido poco de esto, porque fueron silenciados por los grandes medios de comunicación. Lo que ha pasado el día 16 de noviembre a las tres de la tarde ha sido organizado y planificado. En primer lugar, Gerardo Zamora es responsable del asesinato de Cristian, porque es quien ha introducido la violencia a través del agronegocio en la provincia. En segundo, el juez Fringes Sarria de Monte Quemado también es responsable. Cuando fuimos a denunciar, quedamos detenidos. Y nos han mencionado que si vamos a denunciar otra vez, seremos detenidos otra vez”.
Farías indicó también que durante los últimos ocho meses, el MOCASE fue víctima de varios atentados, de los cuales enumeró: “el incendio a la radio Pajsachama, la primer radio en argentina que funciona con energía solar, con una bomba de nafta preparada para destruirla la radio; tiempo después, otra destinada a los equipos de energía solar que alimentan la radio, que pudo apagarse; compañeros presos y bandas armadas organizadas, (dirigidas por) el empresario Ciccioli, madera dura del Norte y los Julianes, otra empresa que se dedica a la tala de bosques y saqueos de nuestros bienes naturales”.
“En todo el país -apuntó Farías- hay desalojos y compañeros asesinados. Lo que ha pasado con el compañero qom no es casualidad. Tiene que ver con un modelo productivo muy vinculado al agronegocio. Y acá los actores como judiciales, desde Zamora para abajo, son responsables. El director de bosques, Julio Araujo, dio orden de desmonte en la comunidad donde fue asesinado el campesino del MOCASE, cuando en el mismo relevamiento esa zona estaba catalogada como monte nativo. El ministro de la producción José Parano Gelid también dio orden de desmonte, queriendo introducir más de 5000 cabezas de ganado en las comunidades donde habitan familias campesinas, como Lules y Vilelas, hoy reconocidas por el Estado Nacional como comunidades indígenas. El gobierno provincial de Zamora responde a la oligarquía que ha salido hace unos años atrás a bloquear el país. Estamos acusando al gobierno de Zamora como responsable político y a las entidades agrarias que bloquearon al país”.
En ese contexto, Farías subrayó que desde el MOCASE exigen “que sean parado los desmontes; (la creación de) una ley para frenar urgente los desalojos en Santiago de Estero, porque no alcanza con parar los desmontes; que se cumplan los 7 puntos que Zamora se ha comprometido; frenar los desalojos y que no sean más avallada las comunidades. El asesinato de Cristian se ha producido por el saqueo y al avallasimiento de nuestro territorio”.
Por su parte, Ramiro Fresneda, abogado perteneciente al Equipo Jurídico del MOCASE- Via Campesina, agradeció el apoyo de los movimientos presentes, al afirmar que “nos parece fundamental y cardinal que las organizaciones de los trabajadores empiecen a tomar nota de la problemática grave que existe con respecto a la tierra con nuestro país”, como así también que “la lucha dio lugar a logros importantísimos hasta el momento, como es el hecho que ahora esté detenido el autor intelectual del asesinato, el empresario José Ciccioli”.
Fresneda agregó luego que el caso se trata de una “desgracia anunciada”, al asegurar que “hace mucho tiempo que todas las organizaciones campesinas vienen generando un ejercicio de unidad para poder trabajar, además de la lucha en nuestros territorio, en una propuesta que necesitamos urgente: que los diputados empiecen a discutir en el Congreso de la Nación la problemática de la tierra. Desde una perspectiva integral, donde se discuta la función social de la tierra. Hace más de un año venimos trabajando en un ejercicio de unidad con todas las organizaciones de la agricultura familiar argentina, con el apoyo de muchos diputados en el trabajo de una ley para suspender urgente los desalojos de comunidades, agricultores familiares, pequeños campesinas. Estamos planteando una moratoria urgente en cuanto al desalojo de una familia, porque es la violación más evidente de los derechos humanos básicos. Hoy, lamentablemente, en las provincias se vulneran los derechos adquiridos de miles de hombres y mujeres, en nuestro interior profundo”.
“Lamentablemente en los territorios donde el agronegocio avanza se genera una distorsión donde las leyes del mercado prevalecen por sobre nuestras leyes de todo derecho. Que una familia campesina pierda sus tierras es de una gravedad institucional de relevancia. No podemos permitir en nuestro estado de derecho que la gente de la tierra se quede sin tierra. Creemos que a partir de una ley para suspender desalojos y que se trate de manera urgente la ley para frenar la extranjerización de la tierra. Esta es la cara de la otra moneda: se esta afectando nuestra soberanía, nuestra independencia económica. Hay más de 1000 casos de desalojo de posibles de pequeños productores agricultores y campesinos a partir de la expansión de la frontera agrícola y el desierto verde de soja. Para una familia campesina perder la tierra es perder identidad”, concluyó al respecto el letrado.
Los hechos
Desde hace cuatro meses que la comunidad de San Antonio, a la que pertenecía Ferreyra, viene resistiendo al intento de desalojo de sus territorios campesinos indígenas. En ese marco, el MOCASE denunció en varias ocasiones la escalada de violencia contra quienes resisten los desalojos y combaten los desmontes de miles de hectáreas, en los departamentos de Copo, Pellegrini y Alberdi, en la provincia de Santiago del Estero.
Familias como la de Ciccioli, Julianes, Villa y Saud son de los empresarios que diseñaron el plan de ataque dirigido hacia los campesinos indígenas y que cuentan con la connivencia del poder político y judicial. Detenciones arbitrarias, atentados y la quema de sus ranchos, son algunos de los atropellamientos que sufre el movimiento campesino.
En la tarde del pasado miércoles 16, dos matones -que serían sicarios del empresario José Ciccioli- se presentaron en el domicilio de la familia Ferreyra. Una vez allí, dispararon a sangre fría con una escopeta contra Cristian, de 25 años de edad, causándole la muerte, e hiriendo a otro militante, quien se encuentra en observación en el hospital de la capital santiagueña.
