HUGO YASKY: Encrucijadas y dilemas

La asunción de Piñera en Chile y la consolidación del proceso que destituyó a Zelaya en Honduras son señales claras de que se activó la cuenta regresiva de los grupos de poder que en Latinoamérica vienen apostando todas sus fichas a dar vuelta la página de lo que ellos denominan el ciclo de gobiernos populistas.

Para lograr ese objetivo, se ha demostrado, no descartan ningún curso de acción. Puede resultar válido un acto electoral como en la nación trasandina o métodos más expeditivos como los utilizados en Centroamérica.
La actual escalada protagonizada por las distintas vertientes políticas que se postulan como garantes de los intereses de los grupos dominantes en torno de la pretendida intangibilidad de las reservas del Banco Central, no está ajena a esta realidad.
Este gobierno cometió grandes errores y se le pueden achacar enormes incongruencias y contradicciones, pero siempre que la derecha lo atacó fue cuando avanzó con medidas de contenido popular. Eso sucedió al principio con la derogación de las leyes que garantizaban la impunidad de los genocidas, con los cambios en la Corte Suprema y con la orientación progresista de las nuevas leyes de educación. Después pasó lo mismo con la reestatización del sistema jubilatorio, con Aerolíneas Argentinas, con las retenciones al sector del agro y con la derogación de la ley de medios de la dictadura.
Pero de cuantos errores se le pueden achacar a las políticas del kichnerismo quizás el más grave sea no propiciar un amplio proyecto capaz de convocar a expresiones progresistas, populares y de izquierda, imprescindible para construir la correlación de fuerzas necesarias para hacer sustentable este rumbo transformador. Por el contrario, en lugar de eso siguió negándole reconocimiento legal a la CTA e impulsó una ley de reforma política que, en la práctica, fortalece el esquema de un bipartidismo conservador.
Los factores de poder y los grupos dominantes creen que están a tiro de piedra de recuperar el terreno perdido. Manejan resortes económicos, mediáticos y ahora parlamentarios. La exasperada y patética embestida contra Mercedes Marcó del Pont en el Senado es una clara señal de que ni siquiera están dispuestos a guardar las formas, a la hora de defender el instrumento que José Alfredo Martínez de Hoz convirtió en el engranaje fundamental de la patria financiera.
Se acabaron los tiempos de seducción con gente del palo como Prat Gay y Redrado. En este punto del camino el Gobierno se enfrenta a una encrucijada. Sigue atrapado en la soberbia de una política que lo debilitó despreciando la construcción de alianzas por fuera de los límites del PJ y la CGT, o hace el intento de articular alianzas para profundizar el rumbo transformador. Esto supondría convocar a discutir un proyecto que en el contexto del Bicentenario plantee las bases de la Segunda Independencia. Esa discusión debería incorporar temas que han sido banderas históricas de los movimientos sociales y de los partidos de la izquierda y del progresismo, como por ejemplo la derogación de la Ley de Entidades Financieras de la dictadura, una reforma tributaria que avance sobre activos financieros y riqueza concentrada, la revisión de la política minera y de hidrocarburos y la investigación de la deuda externa, entre otros.
Pero también a los distintos sectores del campo popular la posibilidad cierta de un avance de la derecha que signifique un retroceso en relación con los logros de esta etapa nos enfrenta a una situación dilemática. La disputa del rumbo es lo que, en definitiva, debe definir nuestra opción. Ante ello no podemos confundir autonomía de clase con neutralidad. Y lo dramático es que no se trata de una cuestión meramente teórica. De que se profundice el proceso transformador o suceda lo contrario depende que haya más o menos hambre, más o menos libertad para seguir luchando, más o menos posibilidades de seguir construyendo una vida mejor para nuestros hijos. Y también, porque no nos podemos desentender que somos parte de una disputa en el terreno regional, de ello dependerá que haya mejores o peores condiciones externas para los procesos populares de Bolivia, Paraguay y el resto de la región. Ese es nuestro dilema.